Salud

Turnan al Ejecutivo la nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada

Turnan al Ejecutivo la nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada

Este jueves el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, 397 votos, la nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares que, entre otros puntos, incluye una pena de entre 40 y 60 años de cárcel a los servidores públicos que secuestren y se nieguen a dar información sobre el destino o paradero de la víctima.

La CNDH, añadió en un comunicado, exhortó a los poderes ejecutivo y legislativo para que durante el periodo de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, se contemple los recursos económicos necesarios para la instrumentación integral de dicha ley que entrará en vigor en cuanto el Ejecutivo la publique en el Diario Oficial de la Federación, para lo cual ya le fue turnada.

El documento también reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud, para armonizar estos ordenamientos con la nueva legislación, principalmente, en lo concerniente a las sanciones por el delito de desaparición forzada y el tratamiento de cadáveres de personas no identificadas.

El legislador perredista reiteró el compromiso de los parlamentarios del Sol Azteca con las víctimas y con las familiares de personas desaparecidas, por lo que hizo un llamado a las autoridades para garantizar una investigación efectiva impulsada por un marco jurídico de vanguardia.

Establece la distribución de competencias y la coordinación entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para combatir este delito, e incrementa las penas para quienes lo cometan.

En caso de que las víctimas sean niñas, niños y adolescentes; mujeres y mujeres embarazadas, personas discapacitadas o adultos mayores, defensores de derechos humanos y periodistas la pena podría aumentas hasta en 50 por ciento.

Con el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas se diseñarán políticas públicas y procedimientos para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

Cuando se trate de desaparición forzada cometida por particulares impondrán pena de 25 a 50 años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa.

El Sistema estará integrado por los titulares de la Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República, y la Comisión Nacional de Búsqueda, quien fungirá como Secretaría Ejecutiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Crea la Comisión Nacional de Búsqueda, a la que se mandata la ejecución y seguimiento de acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.

También se establece el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. "Esto es una condición básica para que la Ley opere de manera efectiva en favor de las miles de personas desaparecidas en el país y de sus familias, y prevenga la realización de la conducta delictiva", señaló.